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UN MAR DE CASUALIDADES (Fuente: Brecha. Periodista: Mónica Robaina)

 

El precandidato nacionalista Enrique Antía, durante la presentación de la propuesta de seguridad en el Radisson, el jueves 14 / Foto: Lucía Melgarejo

FUENTE: Semanario Brecha

Periodista: Mónica Robaina

Un mar de casualidades

El ambicioso proyecto de inversión en tecnología para robustecer las Fuerzas Armadas y combatir la delincuencia que presentó el precandidato nacionalista Enrique Antía tiene similitudes con la política de seguridad y defensa del vecino Mauricio Macri. Su propuesta estrella, extender a todo el país la experiencia del sistema de videovigilancia que desarrolla en Maldonado, tiene puntos de contacto con misteriosas figuras vinculadas con la compra de armas a Israel y operativos de espionaje en Argentina.

El precandidato del sector Mejor País, que hasta ahora se enfocaba en el Interior, se lanzó de lleno a la escena política montevideana con la única propuesta concreta en materia de seguridad que hasta el momento maneja el Partido Nacional (PN), que podría cuajar dentro del programa único del partido a aprobar por la Convención cuando pasen las internas. Tres ejes pautaron la exposición que realizó el jueves 14 en el Radisson de Montevideo: la “desburocratización” de la Policía y la revisión del sistema penitenciario; la extensión a todo el país del proyecto Ciudades Inteligentes, que se aplica desde 2016 en Maldonado, y la estrategia de cerrar las fronteras al narcotráfico mediante la compra de equipos de alta tecnología para las Fuerzas Armadas (Ffaa).

Antía insiste en que el sistema de videovigilancia que instaló en Maldonado ha dado “excelentes resultados”, tanto en la prevención de delitos como en la eficacia de la Policía a la hora de aclarar los hechos consumados, aunque no se conocen estudios específicos que avalen tal afirmación. A fuerza de gacetillas de prensa, artículos en la web oficial de la Intendencia y publicidad en medios nacionales y argentinos, el intendente de Maldonado impone un presunto éxito, que ahora viene de perillas a su campaña electoral. Su plan es replicar la experiencia de Maldonado en el resto del país. Calcula que habrá que destinar “entre 50 y 70 millones de dólares, a pagar en diez años”, para implementar un “un sistema de cámaras con tecnología que permite perseguir un auto robado, encontrar a una persona de buzo blanco o encontrar a un flaco, alto, barbudo que pasó por acá o por allá”.

El sistema se implementaría por etapas: primero, en la zona sur del país (desde San José hasta Rocha), en las “principales capitales” del país y en las carreteras más importantes. “Esto es perfectamente posible y mucho mejor que contratar 2 mil policías más. En Maldonado, las 1.200 cámaras equivalen a mil policías las 24 horas, y que no miran el celular. Hay tecnología en el mundo que se aplica y no podemos ignorar”, enfatizó.

Por otra parte, su sector propone equipar a las Ffaa para combatir el narcotráfico en la frontera. Con ese objetivo, el precandidato nacionalista habló de invertir en “una central de inteligencia” que unifique los servicios de Policía, Interpol, Ejército, Prefectura y Fuerza Área, que ahora “no conversan entre sí ni intercambian información, teniendo países amigos que sí lo hacen”. El programa también apunta a equipar a las Ffaa con tecnología capaz de controlar el narcotráfico por aire, tierra y mar. “¿Por qué no encarar una lucha frontal a la droga y al delito con todo un equipamiento y profesionalización que se hace en el mundo y que podemos lograr?”, se preguntó.

Según sus estimaciones, con 100 millones de dólares, pagaderos a diez años, se podrán comprar cuatro lanchas rápidas y cinco radares para la Prefectura.“No quiero ir mucho a los detalles, pero es perfectamente posible. Tenemos un estudio de eso con técnicos con quienes nos hemos asesorado”, acotó, sin mencionar a los integrantes de ese equipo asesor.

Esta vez no mencionó su plan para el Ejército y la Fuerza Aérea, como lo hizo al lanzar su campaña política en la Sociedad Criolla de Durazno, a mediados de noviembre pasado. En aquella ocasión, habló de comprar “drones no tripulados y equipos ópticos” para el Ejército, además de “un radar estratégicamente ubicado y equipamiento de radares para los aviones A37” de la Fuerza Aérea. Ese día estimó que, en total, el fortalecimiento tecnológico de las Ffaa costará 140 millones de dólares, a pagar en diez años. “Una bicoca para lo que significa nuestra seguridad en el cerramiento del país”, sentenció.

A TENER EN CUENTA. Por ahora, Antía no ha expuesto públicamente cómo implementaría ese programa, que, considerando el sistema de videocámaras más el blindaje de fronteras contra el crimen organizado, le insumiría al Estado casi 200 millones de dólares en equipos de alta tecnología. No explicó cómo incluiría semejante monto en el presupuesto nacional, ni mediante qué sistema compraría los insumos, ni en qué proveedores está pensando. Sin embargo, tampoco lo hizo cuando decidió invertir más de 20 millones de dólares para comprar 1.200 cámaras e instalar el sistema de videovigilancia con su centro de monitoreo en Maldonado. Antía nunca detalló de dónde salió el dinero, porque “la tasa de seguridad” que cobra a los contribuyentes de todo el departamento (aunque no tengan cámaras) y lo estipulado para este rubro en el presupuesto quinquenal están lejos de cubrir la inversión.

De todos modos es, por el momento, el único precandidato blanco que ha presentado una propuesta programática sobre seguridad. El 8 de abril, Luis Lacalle Pou revelará su programa (armado por “400 hombres y mujeres” y que todavía no leyó, según reconoció esta semana en Twitter) y recién entonces se sabrá qué tiene en mente. Si gana las elecciones internas –como vaticinan todas las encuestas de opinión pública–, es probable que el programa común del partido para disputarle el gobierno al Frente Amplio incluya las propuestas de Antía, indicaron asesores del líder herrerista consultados por Brecha.

“El PN tendrá un programa inclusivo y la impronta del candidato ganador no será la única. El diagnóstico que hace Antía es correcto, nuestras fronteras son un colador y está muy bien que proponga fortalecer a las Ffaa”, opinó el senador Javier García, presidente de la Comisión de Defensa del Senado desde hace dos años y firme candidato al Ministerio de Defensa si Lacalle Pou logra colocarse la banda presidencial.

El legislador consideró urgente revertir “el desmantelamiento progresivo de las Ffaa”, por lo cual celebró la iniciativa del precandidato, convencido de que es un tema obligado en cualquier programa de gobierno. “Para tener una idea, el Ejecutivo planteaba comprar tres patrullas oceánicas en este período, y no lo concretó, a un costo promedio de 80 millones cada una. Así que la cifra que estima Antía es absolutamente moderada y racional”, consideró. En este contexto, García reconoció el alto interés internacional por proveer al Estado uruguayo: contó que “cinco o seis empresas” hicieron lobby por los despachos de los senadores, hasta que, en aras de la transparencia, les pidió “que institucionalicen las ofertas y que comparezcan en la comisión de Defensa, para que conste en actas”, en lugar de hacer planteos individuales a los senadores. Consultado sobre el origen de estas empresas, recordó alemanas y chinas, ninguna de Israel, aunque este país es de los más avanzados en el mundo y, como se verá más adelante, tiene fuertes lobistas en Uruguay y la región.

En cuanto al sistema nacional de videovigilancia promovido por Antía, el asesor Álvaro Garcé, ex comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, observó: “Este recurso aporta a la prevención, pero no resuelve el fenómeno de la criminalidad, en la medida en que, normalmente, produce un efecto de desplazamiento del delito hacia las zonas que no están vigiladas”. De todas maneras, aunque declinó dar detalles, Garcé adelantó que también Lacalle Pou impulsará la videovigilancia en su propuesta de seguridad y que, una vez conocidos los resultados de las internas, se verá si se amalgaman las iniciativas en un único programa. “Lo más importante es que se debería ampliar y difundir este mecanismo que colabora en la prevención del delito”, concluyó. Ayer, Búsqueda informó que el Ministerio del Interior se propone cerrar este período de gobierno con más de 7.500 cámaras de vigilancia en casi todo el país. Actualmente hay 5.430 cámaras instaladas, buena parte de ellas compradas mediante licitación, por la tercera parte de lo invertido por la Intendencia de Maldonado en su adjudicación directa a la israelí Elbit Systems.

El senador Álvaro Delgado, otro referente del equipo de Lacalle Pou, fue cauto en cuanto a las chances de que alguna de las propuestas de seguridad de Antía lleguen a incluirse en un programa único del PN. Recordó que eso dependerá de los resultados de las elecciones internas: en función de la correlación de fuerzas se negociarán las iniciativas de cada sector, remarcó. Por lo pronto, las encuestas más recientes ubican a Antía en el cuarto o quinto lugar a nivel nacional y segundo en el Interior. El representante del denominado “grupo de los intendentes”, que hasta ahora focalizó su campaña fuera de Montevideo, anunció que pronto recalará en la capital para ganar terreno.

SIMILITUDES. La propuesta y el discurso de Mejor País tienen similitudes con la doctrina de seguridad y defensa que impulsa el presidente Mauricio Macri en Argentina. La ministra de Seguridad Patricia Bull­rich se embarcó en una cruzada contra el narcotráfico en la frontera norte y en estos años incrementó notoriamente la compra de equipamiento bélico e insumos de alta tecnología al gobierno de Israel, según consignan medios del país vecino. En noviembre de 2017, dos meses después de la histórica visita del primer ministro Beniamin Netaniahu a Argentina, la ministra firmó un acuerdo con su par israelí para el “trabajo conjunto sobre el crimen organizado, tráfico de personas, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, precursores químicos y sustancias psicotrópicas y crimen cibernético”“metodologías de seguridad pública en eventos masivos” e “inteligencia”.

Ya en diciembre de 2016, el gobierno argentino había aprobado el pago de casi 80 millones de dólares al Estado de Israel por la compra de cuatro lanchas de patrullas costeras y sistemas integrados de vigilancia de cruces fronterizos terrestres, destinados a combatir el tráfico de marihuana en los ríos Paraná y Uruguay. “Las cuatro lanchas adquiridas tienen un valor total de 49 millones de dólares, mientras que el sistema de vigilancia de fronteras le costó a Argentina 35 millones de dólares”, publicó Infobae. Esa compra se acordó durante una misión oficial cumplida por Bullrich en Israel, entre el 13 y el 17 de noviembre de 2016. En un encuentro con los ministros de Defensa y de Seguridad Pública de Israel, ambos gobiernos acordaron “la adquisición de tecnología, que se realizará a través del Departamento de Cooperación Internacional de Defensa de Israel (Sibat), con el objetivo de modernizar el equipamiento y reforzar la lucha contra el narcotráfico y el delito organizado”, informó La Nación.

Bullrich también se reunió con el general retirado Michel Ben-Baruch, director del Sibat. Se trata del jerarca que, ese mismo año, le comunicó por carta al intendente Enrique Antía que el gobierno israelí había elegido a Elbit Systems para vender a Maldonado los servicios y el equipamiento del mentado proyecto Ciudades Inteligentes. Como se recordará, el proyecto fue una iniciativa de la Comunidad Israelita de Punta del Este (Cipemu), con el apoyo de la Cámara Empresarial de Maldonado y la embajada de Israel. Aunque el contrato se concretó en el marco de un acuerdo de cooperación entre gobiernos y el Ministerio del Interior siempre ha comprado sus sistemas de videovigilancia por licitación, Antía optó por la compra directa. Para esto, se amparó en el artículo 33 del Tocaf, que justifica ese modo de contratación cuando “las circunstancias exijan que la operación se mantenga en secreto”. Su argumento es que hacer un llamado abierto implicaba revelar detalles del programa que podían afectar la seguridad departamental. Sobre esa base, durante meses se negó a informar sobre las características de los equipos adquiridos, los puntos donde planeaba colocar las cámaras, entre otros aspectos del contrato. Parte de esa información sólo se conoció cuando la justicia obligó a la Intendencia a divulgarlo, en enero de 2018.

También el macrismo se ampara en razones de “seguridad y defensa nacional”para ocultar los detalles de sus compras de material bélico. En febrero de 2018, declaró “secreto” un acuerdo para adquirir defensas antiaéreas, tras la controversia que desató el presunto sobrecosto de las cuatro lanchas adquiridas por Bullrich (la cámara de astilleros sostuvo que el precio de producir esas embarcaciones en Argentina hubiera sido 50 por ciento menor) y las protestas de organizaciones de derechos humanos pro Palestina que militan por la campaña mundial Boicot, Desinversión y Sanciones (Bds), contra Israel. Ya no es posible saber qué compra ni a qué empresa. Con ese escenario, esta semana Macri anunció otra millonaria adquisición de armas, lanzacohetes y radares para equipar a las Ffaa en la frontera norte. Adelantó, asimismo, que pronto tendrá en funciones a mil de los 4 mil soldados que piensa enviar para apoyar a Gendarmería y Prefectura para “disuadir y superar posibles amenazas que afecten la seguridad nacional”.

ALTOS CONTACTOS. La doctrina del combate fronterizo al narcotráfico con ánimo disuasivo y de adquirir millonarios equipos para fortalecer las acciones de las Ffaa no es la única coincidencia del macrismo con el precandidato de la propuesta de Mejor País. Brecha constató que Enrique Antía estuvo en misión en Israel al mismo tiempo que Bullrich, en noviembre de 2016. La versión de la Intendencia de Maldonado es que el jefe departamental fue “invitado por la embajada de Israel, en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese Estado, para participar en la 31a Conferencia de Alcaldes, que se desarrolló entre el 14 y el 18 de noviembre”, según la respuesta a un pedido de informes que planteó el edil frenteamplista Joaquín Garlo (Mpp) ante la escasa información que el gobierno departamental ofreció sobre los resultados del viaje. Antía permaneció en Israel entre el 12 y el 24 de ese mes y desplegó una intensa agenda, que incluyó visitas “a diferentes regiones del Estado”. Además, el intendente visitó la sede central de Elbit Systems, empresa con la cual había acordado en junio la compra de las 1.200 cámaras y el software del sistema de videovigilancia, por un monto inicial de 18,5 millones de dólares. Según anunció la Intendencia antes del viaje, Antía tenía previsto reunirse con el mismísimo Netaniahu el martes 15 de noviembre. Tan importante era la misión que, a pedido expreso de Cipemu, días antes de volar a Israel el jefe comunal prohibió que los profesores de historia de todo el país realizaran su congreso anual en el edificio de la Intendencia, porque el tema central eran los conflictos en Oriente Medio (véase Brecha, 4-XI-16). Llamativamente, no hay registros de prensa sobre el anunciado encuentro con el primer ministro, ni la Intendencia lo mencionó en la lista de actividades de Antía que entregó al edil Garlo. No se sabe, a ciencia cierta, si la anunciada reunión se concretó.

AMIGOS SON LOS AMIGOS. Otro detalle llamativo en el entramado de la transacción de la Intendencia de Maldonado con Elbit Systems ocurrió apenas dos semanas después de la asunción de Antía. El 25 de julio de 2015, el flamante intendente aprovechó el lanzamiento oficial del Centro de Convenciones de Punta del Este en Buenos Aires para reunirse con el entonces precandidato presidencial argentino Sergio Massa. Su intención, según declaró a El País por aquella fecha, era “conocer de primera mano y llevar a Maldonado” el sistema de videovigilancia que el dirigente del Frente Renovador había aplicado desde 2011 como intendente del Municipio de Tigre. La empresa a cargo del proyecto era Global View, propiedad del ex montonero Mario Montoto, actual presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí y catalogado en su país como el mayor empresario del negocio de la seguridad y la defensa. “A principios del año 2000 (Montoto) comenzó con el negocio que todavía hoy conserva: la venta de tecnología de seguridad israelí y en especial de cámaras de seguridad. (…) Su empresa insignia se llamaba Global View y tenía como socio a Daniel Hadad”, que no participaba en el directorio, pero tenía allí a una cuñada, consignó la revista Noticias en febrero pasado. El propio empresario relató a ese medio que vendió sus primeras cámaras en las municipalidades (intendencias) del Conurbano: “Las más marketineras fueron las de Tigre, que hasta hoy vienen dando un resultado extraordinario. Pero, en volumen, las más importantes fueron las de la ciudad de Buenos Aires”, entonces gobernada por Daniel Scioli.

En la presidencia de Mauricio Macri, Montoto amplió sus negocios en el rubro y ganó millonarias licitaciones por medio de Codesur (empresa que fundó en 2003 y desde la cual creó fuertes vínculos con ex militares y miembros de las Fuerzas Armadas) y Surely SA, proveedora de “soluciones para la supervisión y monitoreo de personas en conflicto con la ley”. De reseñar su perfil se han ocupado recientemente diversos medios, y todos coinciden en definirlo como el nexo entre el presidente argentino y el primer ministro israelí, Beniamin Netaniahu. Lo revelan, además, como el padrino político de la ministra Bullrich, uno de sus asesores en las estrategias de defensa e inteligencia y guía en la compra de insumos producidos por Israel. De acuerdo con una investigación del portal Virginia Bolten sobre “compras secretas” de armas en Argentina, Montoto es representante de Elbit Systems en ese país.

El interés por la actividad empresarial de Montoto se reavivó en febrero, cuando apareció en el escándalo que involucra al fiscal federal de la causa conocida como los “cuadernos de la corrupción K”, Carlos Stornelli, en una red de extorsión y espionaje (véase nota aparte). El periodista Horacio Verbitsky reveló una conversación en la que el falso abogado Marcelo D’Alessio –conocido primero como referente en temas de narcotráfico y ahora como imputado por extorsión– asegura que es agente de la Dea y que trabaja para el Ministerio de Seguridad por recomendación de su “amigo” Mario Montoto. Es “el dueño de todas las cámaras de seguridad que hay en la Argentina, socio de Hadad y tiene el 50 por ciento de Infobae, dijo D’Alessio en una de las escuchas. En la mencionada entrevista de Noticias, Montoto negó todo. Sin embargo, su relación empresarial con Hadad –histórico habitué de Punta del Este y amigo del intendente Antía– data desde, por lo menos, la primera presidencia de Carlos Menem.

OPERATIVO MARKETING. Actualmente, Infobae aparece como un medio oficialista, ferviente difusor de la política de seguridad y defensa de Macri, generalmente con “fuentes calificadas” de las Ffaa, que rara vez son identificadas en los artículos. El portal también oficia de agente propagandístico de la tecnología israelí y su militarismo en América Latina, mediante entrevistas o columnas de expertos israelíes. Uno de esos expertos es el empresario Avi Staroselsky, que en Maldonado tuvo activa participación en el montaje del centro de monitoreo y cuya empresa, Noa Security, fue contratada por la Cipemu para hacer la consultoría sobre la cual Antía terminó basando el proyecto de ciudades inteligentes. Según confesó Staroselsky en una entrevista con Infobae, el sistema de videovigilancia de Maldonado “nació de un acuerdo” con su empresa: “Nosotros elegimos a Elbit Systems para que fuera el integrador”, reconoció en febrero de 2017.

Staroselsky, además, representa a Elbit en Honduras, país que también ha realizado millonarias compras a Israel para fortalecer sus fuerzas armadas y “mejorar” su sistema penitenciario. En Uruguay, Staroselsky preside la Cámara de Comercio Uruguay-Honduras, cuyo tesorero es Álvaro Padín. Padín, a su vez, es el esposo de la diputada nacionalista Laura Rapalín, quien a mediados de 2018 dejó las huestes de Lacalle Pou para integrarse a filas de la precandidata Verónica Alonso. En febrero pasado, Alonso se reunió con la ministra Bullrich para analizar, entre otros temas, posibles vías para respaldar y fortalecer la actuación de la Policía nacional.

Casualmente (o no), Infobae no sólo se encarga de promocionar el proyecto israelí en la región. También es el medio argentino que más cobertura le ha dado al proyecto Ciudades Inteligentes en Maldonado y un gran socio mediático de Antía en la promoción de su gestión en materia de seguridad. No es menor, en este contexto, que el supuesto agente D’Alessio –declarado amigo de Montoto– tuviera el objetivo de “publicitar las ventajas de la aparatología de espionaje y de ciberseguridad exportada por Israel”. De acuerdo con la nota del periodista Verbitsky, tal misión estaba plasmada en un dossier incautado en la casa de D’Alessio, junto con otras cuatro estrategias de espionaje y extorsión.

En un informe publicado el 22 de julio pasado, Brecha dio cuenta de cómo –sistemáticamente– la embajada de Israel en Uruguay y el empresario Avi Staroselsky como vocero fueron autorizados por la Intendencia para utilizar el centro de monitoreo de Maldonado como un ejemplo del “aporte” israelí en nuevas tecnologías de seguridad para América Latina. Hasta ese momento, ningún jerarca departamental o nacional había mencionado públicamente a Noa Security como parte del contrato con Elbit. Sin embargo, Staroselsky tenía (¿tiene?) piedra libre para moverse en el centro de monitoreo, en tanto que el Sibat israelí es el encargado de auditar y monitorear el funcionamiento del sistema y, por ende, de acceder a la información que generan las sofisticadas cámaras, instaladas mayormente en Punta del Este. No obstante, este hecho no parece inmutar al Ministerio del Interior. Ese “es un problema de la Intendencia”, contestó a este semanario el subsecretario Jorge Vázquez, consultado específicamente sobre este punto durante una actividad a la que asistió en Maldonado (véase Brecha, 29-VI-18). El asunto debería, por lo menos, llamar la atención de los jerarcas.

SEMBRAR EL TERROR. En octubre de 2014, época en la que ya ideaba el plan de videovigilancia a pedido de la Cipemu, Staroselsky ofreció una conferencia auspiciada por la embajada de Israel y en ese marco fue entrevistado por El País“Uruguay puede ser un blanco terrorista. Acá hay cosas atractivas: puentes, puertos, aeropuertos y movimientos de camiones y mercancías”, señaló. Cuando el periodista le consultó si “es posible un atentado a un dignatario extranjero en Uruguay”, el experto contestó: “¿Qué necesita alguien para atacar a un dignatario o cometer un ilícito o un acto terrorista? Necesita, por ejemplo, un lugar para esconderse. ¿En este sector del mundo hay lugar para esconderse? También necesita transportarse mediante autos robados, comprar armas en el mercado negro, fabricar una bomba mediante una fórmula publicada en Internet y cruzar rápidamente las fronteras. Hay todo eso. Lo que falta es la intención. No digo que Uruguay pueda ser un lugar fácil. Digo que no hay lugar en que sea absolutamente difícil concretar un acto terrorista”. Semanas después, el 24 de noviembre, apareció un artefacto explosivo a metros de la embajada de Israel, cuya sede se ubicaba sobre bulevar Artigas. Se trataba de un maletín, hallado junto a un contenedor de residuos. “Un vehículo con matrícula diplomática iraní fue visto a metros del lugar”, informó El País.

Meses después, el 8 de enero de 2015, la Guardia Republicana encontró otro artefacto explosivo, a 70 metros de la embajada, entonces ubicada en el World Trade Center. “La Policía sostuvo que se trató de una prueba de las medidas de seguridad”, informó El País, aunque después la sede diplomática negó haber realizado tal maniobra. El 24 de junio apareció el tercer artefacto, “más elaborado y ubicado cerca de la embajada”“Crece el temor de un atentado”, indicaba la publicación, abocada a remarcar la “preocupación” por la ausencia de pistas sobre los responsables de las amenazas y la indefensión del país ante ese tipo de sucesos. Apuntaba Staroselsky en su entrevista que “el concepto israelí de seguridad es que no hay que esperar al delincuente que viene a tu casa para defenderte, sino capturar al terrorista o al delincuente cuando está planeando el atentado”. La construcción del enemigo interno que justifique la vigilancia de la población con sofisticadas cámaras y del enemigo externo (el terrorismo, el crimen organizado) que justifique, a su vez, el mantenimiento y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas con equipos de última generación ya iba viento en popa.

Jueces y fiscales en actividad asesoran a Mejor País

En la sombra

Durante la presentación de la propuesta de su sector en materia de seguridad, en el marco de la campaña interna del Partido Nacional, el precandidato Enrique Antía reveló que en su equipo asesor participan jueces y fiscales en actividad. Esto podría tener graves consecuencias para esos colaboradores si alguno de los organismos competentes resuelve investigar.

 “Tenemos un grupo de voluntarios en el equipo que han trabajado con la comunidad, buscando qué hacer con este tema(de la seguridad). Hoy había dos acá, pero lo integran diez o doce inspectores principales de la Policía de distintos lugares del país; hay gente que no está porque hoy está a cuatrocientos quilómetros”, señaló al exponer sus planes para las fuerzas de seguridad. “Es un equipo con mucho oficio, con mucha experiencia de calle, al que sabemos escuchar”, agregó, tras manifestar su propuesta de “desburocratizar” a la junta asesora del Ministerio del Interior para que las decisiones se ajusten a lo que ocurre en la práctica.

Acto seguido, reveló que, además, cuenta con asesores que operan desde las sombras: “También fiscales, que algunos están en ejercicio y no pueden participar. Jueces, que algunos están en ejercicio y no pueden participar, que Adriana dio la cara por ellos”, comentó, en alusión a la ex jueza penal Adriana Graziuso, quien renunció al Poder Judicial en 2015 para ocupar el cargo de directora general de Asuntos Legales de la Intendencia.

Si el Poder Judicial o la Fiscalía General de la Nación o el Ministerio del Interior resuelven investigar el tema, los colaboradores secretos de Antía podrían ser objeto de sanciones tan graves como la destitución. El artículo 77 de la Constitución de la República les prohíbe “formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general, ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”. Aunque el precandidato hizo cuestión de no mencionarlos, si las jerarquías se lo proponen pueden abrir una investigación administrativa para determinar quiénes son. No obstante, la Constitución señala que las penas por estos “delitos electorales” deben ser aplicadas por la Corte Electoral, ante denuncias de las cámaras, el Poder Ejecutivo o las autoridades nacionales de los partidos. Los implicados pueden ser destituidos o inhabilitados para ejercer cualquier empleo público por un período de dos a diez años. En todos los casos, agrega la disposición constitucional, los antecedentes deberán pasar a la justicia.

 

 

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