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Fundación presidida por la Sra de Ignacio de Posadas recibe 5 mill de dólares de Intendencia de Maldonado

Fuente: "La Diaria"

La Intendencia de Maldonado (IM) pagó más de cinco millones de dólares a una fundación por servicios que la Junta Departamental no conoce. La fundación, pese a que cobró, no firmó el contrato con la intendencia y tampoco cuenta con el seguro por la contratación de sus empleados.

En 2017 la Intendencia de Maldonado (IM) pagó 144.370.600 pesos a la fundación A Ganar, presidida por María Magdalena Secco, esposa del ex ministro de Economía Ignacio de Posadas. El convenio está vigente desde hace tres años, pero la Junta Departamental no ha podido fiscalizar las tareas que cumple la organización. Los ediles sólo accedieron a una fotocopia del primer convenio marco, pero no conocen los otros dos. A fines de 2016, los ediles frenteamplistas Leandro Delgado y Fermín de los Santos presentaron un pedido de informes a la intendencia que todavía no fue contestado. Por eso, en la sesión del martes 3 reiteraron formalmente el pedido.

La fundación A Ganar promueve el rugby inclusivo, organiza cursos para repartidores de comida en moto junto con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, hace talleres de programación con el padrinazgo de Microsoft y con el Citibank organiza charlas de inclusión financiera y planificación de “economía personal”. Públicamente, la fundación ha dicho que se dedica a la limpieza y acondicionamiento de espacios urbanos en varias capitales departamentales, y a la gestión de los Centros de Atención a la Infancia de Verano en Maldonado. El convenio marco de la intendencia con A Ganar dice que su objetivo es “promover la inserción” de personas “en todos los ámbitos de la sociedad”.

Desde fines de 2015 hasta mediados de 2016 el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó en 14 oportunidades documentos que la administración de Enrique Antía firmó con esta organización, que cuenta con una amplia experiencia en contrataciones con el Estado, no sólo con varias intendencias, sino también con el gobierno nacional. El TCR reitera las observaciones y apunta que la comuna fernandina no brinda suficiente información. Incluso, señala que la IM no dispuso los procedimientos disciplinarios acordados ante hechos observados por estar reñidos con el Texto Ordenado de Contabilidad, Administración y Finanzas y la Constitución.

El TCR ha observado buena parte de los gastos entre fundación A Ganar y la IM, pagos que se hacían sin disponibilidad presupuestal y sin la intervención de los contadores delegados del TCR en la comuna. También ha objetado que en las licitaciones el único oferente era la organización en cuestión.

El 15 de marzo de este año el órgano de contralor denunció que la fundación no suscribió el contrato con la intendencia, según un proyecto de resolución al que accedió la diaria, y que tampoco acreditó tener el seguro de accidentes por sus empleados, lo que podría dejar a la intendencia al borde de un eventual juicio laboral.

El pliego de condiciones de la licitación (30/2016), en su artículo 23, dice que el adjudicatario debe concurrir a firmar el contrato para comenzar las tareas y que se ejecuten los pagos, como sucede con cualquier acuerdo, pero la fundación ni siquiera firmó el documento durante 2017. A pesar de que no hay firma, el TCR accedió a los recibos de tres pagos durante ese año.

Además, los más de cinco millones de dólares que la intendencia pagó por los servicios prestados durante 2017 no tenían disponibilidad presupuestal. El TCR observó el gasto, pero la administración de Antía volvió a reiterarlo con la resolución 01594/2017.

En agosto del año pasado, el intendente de Maldonado dispuso la prórroga de la licitación 2016 hasta finales de 2018. En la misma resolución el intendente firmó un gasto de casi diez millones de pesos, algo que el TCR también observó. Sólo en enero de 2018 la comuna entregó 38.000 dólares para “efectuar contrataciones”.

La opacidad de la administración Antía fue mencionada por los ediles consultados como la principal causa de desinformación en la Junta Departamental. En el caso de la compra del sistema de videovigilancia, en el que se gastaron 25 millones de dólares, tuvieron que recurrir a la Justicia. A pesar de que la Junta es el órgano de contralor democrático en el ámbito departamental, no está pudiendo hacer su tarea por la falta de transparencia de la intendencia. Los pedidos de informes sin respuesta aumentan, afirman los ediles.

Un año lleno de observaciones para Antía

Entre las varias observaciones que la administración Antía cosechó en los últimos meses está la adjudicación del mantenimiento de dos caminos y una ruta, porque no había “pautas objetivas para asignar los puntajes” entre los oferentes.

En enero, el organismo observó la contratación por el mantenimiento de los espacios públicos en el hipódromo de San Carlos, en 2016, por casi dos millones de pesos. El TCR entendió que no existieron “criterios objetivos” en los pliegos para juzgar los antecedentes y el contenido de las ofertas. A pesar de la primera observación, la administración Antía reiteró el gasto en 2017 por casi 3.200.000 pesos. Un tercer pago, también observado por el TCR, fue una resolución del intendente Antía que entregó más de 23 millones de pesos al vivero beneficiado con el mantenimiento del hipódromo. En noviembre, la comuna prorrogó el contrato con el vivero por otro año más. El TCR volvió a observar y el intendente reiteró el gasto. El TCR entiende que la comuna no justificó debidamente los gastos.

En lo poco que va del año, el TCR realizó varias observaciones más. Entre ellas, la concesión de dos paradores desmontables en las playas Portezuelo y Las Grutas. También observó la licitación abreviada Nº 89/16, “para la explotación comercial de deportes náuticos a vela, remo y alquiler y guardería de tablas de wind surf, kayaks y canoas” en la playa Mansa de Punta del Este. A pesar de que esta licitación había sido observada “por causales de legalidad insubsanables”, la intendencia prorrogó el servicio.

La venta ambulante de bebidas en las playas del departamento también se llevó reiteradas observaciones “por razones de legalidad”, así como la explotación de los deportes náuticos en La Rinconada de Piriápolis y la licitación para una escuela de práctica de stand up-paddle en la playa Mansa de Punta del Este.

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