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Proyecto de ley para prohibir el uso de plaguicidas en Uruguay

Proyecto de ley para prohibir el uso de plaguicidas en Uruguay

10 de abril de 2019

En la jornada de hoy, en la Sala 15 del Edificio Anexo del Parlamento Nacional, los Diputados Eduardo Rubio (Asamblea Popular) y Darío Pérez (Liga Federal 1813), con el apoyo de la Sociedad Apícola del Uruguay, presentaron el proyecto de ley para la prohibición del uso agrícola de los plaguicidas neonicotinoides, de los clorpirifos y del friponil y la protección de la producción apícola.

Ampliaremos

 

 

Proyecto de Ley en defensa de la producción apícola.

Proyecto de Ley en defensa de la producción apícola.

11 de abril de 2019

En la jornada de ayer, miércoles 10 de abril en la Sala 15 del Edificio Anexo del Parlamento Nacional, los Diputados Eduardo Rubio (Asamblea Popular) y Darío Pérez (Liga Federal 1813 - FA) presentaron un Proyecto de Ley para la Protección de la Producción Apícola, iniciativa elaborada con el asesoramiento de integrantes de la Sociedad Apícola del Uruguay.

En la exposición de motivos del mencionado proyecto se pudieron conocer datos, consignados por Diario La Juventud, como que: "el modelo agroindustrial desarrollado en los últimos 15 años, con un uso y abuso extensivo e intensivo de insecticidas y herbicidas, sin control de los eventuales impactos en la biodiversidad vegetal y animal ni en la salud humana, se ha asociado a un deterioro de la productividad de las colonias de abejas.

Desde la zafra de 2005 a la zafra 2014, se produjo un estancamiento de la productividad, alcanzando 22 kg de miel al año por colmena. La situación se agravó en las últimas tres zafras donde se alcanzó sólo 17, 17 y 16 kg de miel por colmena, respectivamente. En 2015, la Sociedad Apícola Uruguaya calculó un costo de producción de 42 dólares americanos al año por colmena. Actualmente, el apicultor que consigue vender su producción a lo sumo logra 1,60 dólares americanos por kg de miel. En estas condiciones, la apicultura está condenada a una retracción masiva, con la consiguiente pérdida de la principal función de las abejas: la polinización".

Texto del Proyecto de Ley para la protección de la producción apícola.

Montevideo, 10 de abril de 2019

Protección de la producción apícola

Prohibición del uso agrícola de los plaguicidas neonicotinoides, de los clorpirifós y del fipronil

 Proyecto de ley

 CAPÍTULO I

DISPOSICIONES

Artículo 1°.-  Prohibición de registro, renovación, formulación, producción, importación y venta; fraccionamiento, comercialización y uso de productos agrotóxicos insecticidas, formulados en base a neonicotinoides, en particular el Imidacloprid, el Acetamiprid, la Clotianidina y el Tiametoxan:

  1. a) Bagual WS - principio activo Imidacloprid - número de registro 3208
  2. b) Imidacloprid Agrin - principio activo Imidacloprid - número de registro    2863
  3. c) Acetamiprid Agrin - principio activo Acetamiprid- número de registro      2877
  4. d) Splendor 480 - principio activo Tiacloprid -  número de registro, 3844
  5. e) Extreme 247 - principio activo Tiamectoxan -  número de registro 3878
  6. f) Tiamenic 35 OD - principio activo  Tiamectoxan -  número de registro               4774
  7. g) Tiametrin 200 - principio activo  Tiamectoxan -  número de registro 4515
  8. h) Tiametox 350 FS - principio activo  Tiamectoxan -  número de registro 4004
  9. i) Tiametocem - principio activo  Tiamectoxan -  número de registro 4998
  10. j) Otros

Prohibición de registro, renovación, formulación, producción, importación y venta; fraccionamiento, comercialización, y uso de productos agrotóxicos insecticidas, formulados en base a la nueva generación de neonicotinoides: el Flupyradifurone, el Sulfoxaflor, el Nitenpyran, el Tiacloprid y el Dinotefuran:

  1. a) Dinotefuran - principio activo Dinotefuran  -  número de registro 4666
  2. b) Dinotefuran 50 -  principio activo Dinotefuran  -  número de registro 4749
  3. c) Otros

 Artículo 2.- Prohibición de registro, renovación, formulación, producción, importación y venta; fraccionamiento, comercialización y uso agrícola de productos agrotóxicos insecticidas Fipronil en presentación granulado:

  1. a) Fiproon GB - principio activo Fipronil -  número de registro 4648
  2. b) Otros

 Artículo 3.- Prohibición de registro, renovación, formulación, producción, importación y venta; fraccionamiento, comercialización y uso de órganofosforados de uso agrícola del grupo de los Clorpirifos:

  1. a) Clorpirifos 48 - principio activo Clorpirifos -  número de registro 1799
  2. b) Clorpirifos Agrin - principio activo Clorpirifos  -  número de registro 2739
  3. c) Clorpirifos Tafirel - principio activo Clorpirifos  -  número de registro 3301
  4. d) Clorpirifos 48 FE - principio activo Clorpirifos  -  número de registro 3946
  5. e) Clorpi - principio activo Clorpirifos  -  número de registro 2908
  6. f) Otros

Artículo 4.-  A efectos de comprobar transgresiones a lo dispuesto en los artículos precedentes, queda habilitado preceptivamente por la norma el MVOTMA, a imponer multas a las personas físicas y jurídicas que la incumplan.

Las personas físicas y jurídicas pasibles de multas son:

  1. Aquellos quienes importen y distribuyan los productos prohibidos
  2. Aquellos que vendan el producto con destino consumidor final
  3. El consumidor final
  4. Dueño de la producción donde se aplican los productos prohibidos por la norma.
  5. Quien importe estas sustancias para su procesamiento y posterior exportación.

Artículo 5.-  Lo recaudado por el MVOTMA por concepto de multas deberá destinarse al Fondo de Desarrollo Apícola en un 50%.

         El restante 50% de la recaudación por este concepto se destinará a fortalecer el presupuesto del organismo responsable del contralor de las disposiciones de esta norma.

Artículo 6.-  Los daños y perjuicios causados a las personas físicas y jurídicas en su producción y ganancia por la aplicación de los productos detallados en los artículos 1, 2 y 3, deberán ser calculados por técnicos competentes de la Universidad de la República y resarcidos independientemente de las multas impuestas.

         En el caso de que el dueño de la producción no coincida con el dueño del inmueble, este último y el MVOTMA responderán subsidiariamente por los daños causados.

Artículo 7.-  Dentro de los 90 días de vigencia de esta ley, deberán quedar anulados y revocados todos los registros, permisos de aplicación, importación y venta de los productos referidos en los artículos 1, 2 y 3 de la presente norma.

         Los 90 días de plazo otorgado no son prorrogables bajo ninguna circunstancia. Si al vencimiento del plazo otorgado no se cumplió con la regularización será de aplicación el artículo 9 del Capítulo II de la presente norma.

Artículo 8.-  Para el cumplimiento inmediato de la norma el MVOTMA comprará a precio de costo las existencias que queden disponibles en el mercado en los establecimientos comerciales, distribuidores e importadores que cuenten con acopio.

CAPÍTULO II

SANCIONES

 Artículo 9.- (Sanciones).- Cuando corresponda la imposición de sanciones por infracción a lo dispuesto en la presente norma, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente deberá:

  1. A) Los infractores serán pasibles de multas a fijarse entre 50 UR (cincuenta unidades reajustables) y 5.000 UR (cinco mil unidades reajustables) cuando el infractor carezca de antecedentes en la comisión de infracciones de la misma o similar naturaleza en los términos que establezca la reglamentación.
  2. B) En forma acumulativa con otras sanciones que correspondiera, proceder al decomiso de los objetos o del producto de la actividad ilícita, así como de los vehículos, naves, aeronaves, instrumentos y dispositivos directamente vinculados a la comisión de la infracción o al tránsito de los objetos o productos, sin que resulte relevante el titular de la propiedad de los mismos.

 A esos efectos podrá requerir del Ministerio del Interior y de la Prefectura Nacional Naval en su caso, el auxilio necesario para hacerlas cumplir.

 En los casos en que por distintas razones los objetos decomisados deban ser destruidos los gastos en que se incurra serán de cargo del infractor.

  1. C) Cuando se trate de infracciones que sean consideradas graves o de infractores reincidentes o continuados, disponer la suspensión desde los ciento ochenta días de los registros, habilitaciones, autorizaciones o permisos de su competencia para el ejercicio de la actividad respectiva hasta la suspensión definitiva en los términos que establezca la reglamentación.
  2. D) Solicitar la imposición judicial de astreintes o hacerlo de oficio, siendo de cargo del infractor los gastos que ello ocasione.

 

                                 Eduardo Rubio  REPRESENTANTE NACIONAL          Darío Pérez   Representante Nacional  

 

 

 

 

 

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